El régimen de facilidades de pago establecido por la Resolución General (ARCA) 5711 fijó como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para adherir a un esquema que permite regularizar obligaciones con vencimiento hasta el 31 de agosto de 2025.
En la antesala de ese vencimiento, distintos actores del ámbito profesional comenzaron a advertir sobre las limitaciones del régimen vigente y la necesidad de revisar sus condiciones operativas.
En este contexto, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) solicitó formalmente la extensión del plazo de adhesión y la ampliación del universo de deudas alcanzadas.
Fundamentos del pedido: restricciones del esquema actual
El planteo de la FAGCE se apoya en tres ejes principales que reflejan tanto cuestiones técnicas como el contexto macroeconómico:
En primer lugar, se destaca la existencia de fiscalizaciones correspondientes a períodos anteriores que aún no han sido concluidas. Estas demoras, en muchos casos ajenas al contribuyente, podrían dejar fuera del régimen a obligaciones que todavía no fueron determinadas en forma definitiva.
En segundo término, se señala el impacto del contexto económico. La desaceleración de la actividad —con especial incidencia en el segmento PyME— limita la capacidad de cumplimiento y refuerza la necesidad de instrumentos que faciliten la regularización de pasivos fiscales.
Por último, se advierte que el corte temporal previsto por la normativa ha quedado desactualizado. Dado el tiempo transcurrido desde su implementación, existen deudas más recientes que no pueden ser incorporadas, lo que restringe la posibilidad de una regularización integral.
Qué modificaciones se proponen
A partir de estos condicionantes, la FAGCE plantea dos ajustes concretos al régimen:
Por un lado, la extensión del plazo de adhesión hasta el 31 de agosto de 2026, otorgando mayor margen operativo a contribuyentes y asesores.
Por otro, la ampliación del universo de obligaciones incluidas, incorporando aquellas con vencimiento hasta el 28 de febrero de 2026, en lugar del límite actual fijado en agosto de 2025.
Implicancias para contribuyentes y asesores
Desde una perspectiva práctica, la definición que adopte ARCA en las próximas semanas será determinante. De no mediar prórroga, el régimen cerrará bajo las condiciones actuales, dejando fuera tanto deudas recientes como situaciones aún en proceso de fiscalización.
En cambio, una eventual ampliación permitiría mejorar la eficacia del instrumento, alineándolo con la dinámica real de las obligaciones tributarias y el contexto económico vigente.
El régimen de facilidades de pago constituye una herramienta central para la normalización de pasivos fiscales. Sin embargo, su efectividad depende de su adecuación temporal y de su capacidad para abarcar la realidad operativa de los contribuyentes.
El pedido de prórroga pone en evidencia esa tensión: entre un diseño normativo estático y un entorno económico y administrativo que exige mayor flexibilidad. La respuesta del organismo marcará el alcance real de esta herramienta en el corto plazo.